Santervás de Campos ha ofrecido al Ministerio de Industria 74,48 hectáreas que en su mayor parte son propiedad de la empresa Rústica Los Tesos. Esta compañía pertenece a las hermanas Allúe García, una de las cuales, María del Carmen, es edil del PP y votó a favor de instalar el silo atómico en el municipio.

La creación de leyes para eludir el control judicial en materia de medio ambiente es un recurso cada vez más frecuente, especialmente en Castilla y León. Las Cortes autonómicas tramitan otra reforma para autorizar la estación de esquí de San Glorio (en un parque natural entre Palencia y León) y con un veto judicial. Si la urbanización tiene una ley que lo ampara, sólo el Constitucional puede tumbarla. Los ciudadanos no pueden acudir a los tribunales ordinarios y sólo el Defensor del Pueblo, el Gobierno o 50 diputados pueden recurrirla.

La Junta de Castilla y León sacó ayer a exposición pública la norma que ordena el urbanismo en 50 pueblos de la cordillera en León y Palencia y que, sobre todo, avala la construcción de la estación de esquí de San Glorio, en un espacio protegido. Éste es el tercer intento de la Junta por impulsar la estación. El primero lo anularon los tribunales por defectos de forma y el segundo lo abortó la comunidad el pasado mayo cuando EL PAÍS desveló que el informe para construir la estación y que costó 165.420 euros estaba fusilado de webs como El rincón del vago.

Esta resolución supone un nuevo varapalo a la política ambiental de la Junta, del PP. El mismo tribunal ya anuló la estación de esquí de San Glorio en un espacio con osos protegido entre Palencia y León o la urbanización de Las Navas del Marques (Ávila) en un pinar refugio de cigüeñas negras.

Esta resolución supone un nuevo varapalo a la política ambiental de la Junta, del PP. El mismo tribunal ya anuló la estación de esquí de San Glorio en un espacio con osos protegido entre Palencia y León o la urbanización de Las Navas del Marques (Ávila) en un pinar refugio de cigüeñas negras.

El Tribunal superior de Justicia de Castilla y León ha anulado buena parte del decreto de la Junta de Castilla y León de abril de 2008 que establecía las fórmulas para cazar el lobo al sur del Duero, donde está catalogado como especie protegida. El tribunal considera que la Junta convierte al "lobo en especie cazable en todo el erritorio de la comunidad autónoma" pese a que la UE los considera protegidos al sur del Duero. La sentencia da la razón en parte a Ecologistas en Acción -niega como alegaron los ecologistas que el proceso no fuera transparente-.

La Junta de Castilla y León suspendió ayer la tramitación de las directrices de ordenación de la montaña cantábrica central hasta que aclare cómo la empresa Cotesa pudo cobrarle 165.420 euros por un informe en el que copia y pega de Internet sin reparo, como adelantó ayer EL PAÍS. Este informe servía de aval científico a la estación de esquí de San Glorio, que la justicia vetó en 2008 por estar prevista en una zona de alto valor ecológico sin ningún aval científico.Los ecologistas de SEO, WWF, Fapas y la Fundación Oso Pardo pidieron a la Junta que abandone ya su idea de construir la estación de esquí.

El informe es muy importante porque permite a la Junta de Castilla y León retomar la estación de esquí de San Glorio. El Tribunal Superior de la comunidad vetó en 2008 la estación por estar prevista en una zona de alto valor ecológico (acoge una de las dos poblaciones de oso pardo) "sin ningún informe científico" que la avalara. Las directrices de ordenación de la montaña cantábrica vienen a suplir ese vacío legal, pero en realidad están plagadas de párrafos copiados de Internet -a veces sin conexión con lo que trata- y hasta extractos de la web El Rincón del Vago, que proporciona apuntes a estudiantes.

La Junta de Castilla y León ha suspendido la tramitación de las directrices de ordenación de la montaña cantábrica central hasta que aclare cómo la empresa Cotesa pudo cobrarle 165.420 euros por un informe en el que copia y pega de Internet sin reparo, como ha desvelado EL PAÍS. La Junta anunció este sábado que ha procedido "inmediatamente a rescindir el contrato con Cotesa" y consideró "inadmisible la actuación", de la firma, a la que le adjudicó con anteriorioridad numerosos contratos.

El 60% de los residuos sólidos urbanos que generó España en 2007 acabó en un vertedero, muy por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en un 41% pese a que cuenta entre sus miembros con países como Bulgaria, que arroja el 100% o Eslovenia (99%). Si se comparan los datos con la Europa de los 15, España prácticamente dobla su media. El resto de la basura española se reutiliza. Del total, acaba en la incineradora un 10%, frente al 20% de Europa, un 13% se recicla efectivamente (22% en Europa) y un 17% se dedica a la producción de compost (igual que en Europa).