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Polémica
La portavoz de la ‘Plataforma Antinuclear Norte de Palencia’, Josefina Fraile, asegura que han existido amenazas e incluso una agresión física contra una compañera
diariopalentino.esJ.B. Iglesias
10/06/2010
La portavoz de la Plataforma Antinuclear Norte de Palencia, Josefina Fraile, denunció ayer que las normas urbanísticas aprobadas por el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia y ratificadas por la Junta prohíben expresamente la instalación en suelo rústico común del término municipal de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.
Al respecto, anunció que el colectivo que representa estudia emprender acciones judiciales contra el alcalde, independiente de las listas del PSOE, Eduardo Vicente, la Corporación que preside y la secretaria del Consistorio.
«La normativa no admite dudas ni interpretaciones y no hay ninguna posibilidad legal para que Congosto haya mantenido su candidatura, y aunque pudiera haber existido un desconocimiento de la ley, este hecho no exime de su cumplimiento», dijo Fraile.
A su vez, recordó que el alcalde era concejal cuando se aprobaron las Normas Subsidiarias que marcan el planeamiento urbanístico y dijo no entender cómo la secretaria no informó de la ilegalidad de la candidatura de Congosto para alojar el ATC.
«Se trata de un verdadero fraude y no sólo se ha engañado a la población provocando la ruptura de la convivencia en muchos lugares, sino que también se ha hecho con el Ministerio de Industria y la Empresa Nacional de Residuos (Enresa)». Esta situación, según la portavoz de la Plataforma, ha creado «una fractura social, odio, e incluso la agresión física contra una de nuestras integrantes por parte del alguacil, ya denunciada judicialmente».
legalidad
A su juicio, el primer requisito para ejercer la autonomía municipal es el cumplimiento del principio de legalidad al que están sometidos todos los actos administrativos de un Ayuntamiento. «La Corporación de Congosto de Valdavia ha violado, a sabiendas, su propia normativa, incumpliendo así las bases de la convocatoria del Ministerio de Industria en la que hizo valer su candidatura para albergar el ATC», sostuvo Josefina Fraile.
En este sentido apuntó que se estudian ya acciones judiciales, que quisieron evitarse con un acuerdo previo. El motivo de la futura denuncia judicial se sustenta en que no se ha contestado a una carta –también remitida a la Subdelegación del Gobierno- por parte del Ayuntamiento donde la Plataforma pedía un pleno extraordinario donde se revocara la candidatura.
«No ha habido respuesta porque todos son cómplices y nos tememos que haya cosas por detrás, como compensaciones económicas o sobornos por solicitar el ATC», añadió Fraile.